Finalmente, el Gobierno español no limitará el precio del alquiler ni impulsará beneficios fiscales a propietarios que alquilen a un precio asequible. El nuevo decreto ley de vivienda destaca por los recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la extensión de los contratos de cinco e incluso siete años.
El Ejecutivo se ha fijado como objetivo aprobar el nuevo decreto ley de vivienda antes del 28 de abril. Una regulación de los alquileres que el Gobierno califica como «urgente«. Tras el rechazo al primer borrador del decreto ley del alquiler por parte del Congreso, el pasado mes de enero, Pedro Sánchez vuelve a poner sobre la mesa un nuevo acuerdo. Con suficientes apoyos para su aprobación.
Este viernes 1 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo real decreto que regula los precios del alquiler. Un fenómeno común en las grandes ciudades españolas. Definitivamente, la norma no incluye un límite para los alquileres. Ni tampoco plantea incentivos para aquellos propietarios que alquilen a precios razonables. Viviendas para las que el Gobierno ha retirado la rebaja del 80% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Frente a estas medidas, finalmente desestimadas, el Ejecutivo sí que prevé la creación de un índice de referencia de precios. Medida que deberá estar disponible en un plazo de ocho meses y que ofrecerá información del precio medio de cada municipio.
«Puede que el decreto ley de vivienda no incluya directamente límites a los alquileres, pero sus consecuencias son imprevisibles«, avisa Luis Gualtieri. «La nueva regulación puede hacer peligrar inversiones de fondos de inversión«, asegura el CEO de la agencia inmobiliaria Oi Realtor.
Protección del inquilino frente al casero
La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha manifestado la preocupación del Gobierno respecto al alquiler de la vivienda. Un tema que afecta a parte de una parte importante de población, «especialmente a la gente joven«. Motivo que ha llevado al Consejo de Ministros a aprobado un nuevo decreto ley de vivienda.
Norma que incluye «una serie de medidas de protección de los inquilino para equilibrar la situación entre arrendador y arrendatario«. ¿En qué consiste la reforma? «Básicamente en medidas para proteger al inquilino y restar derechos al dueño de la vivienda«, sentencia Luis Gualtieri.
La medida más llamativa será la extensión en la duración de los alquileres. «Los contratos entre particulares pasarán de 3 a 5 años«, añade. «Mientras que la duración llegará a 7 años, cuando el que actúa como arrendador es una empresa. Además, y si esto no fuese suficiente, la prórroga tácita de los contratos se ampliará de 1 a 3 años«.
También se verá afectado «el tiempo de preaviso para desistir para rescindir los contratos de arrendamiento«. Que pasarán a ser de 2 meses, por parte del inquilino, y de 4 meses, por parte del dueño de la vivienda.
En cualquier caso, el propietario podrá cancelar el contrato. Siempre que en el texto del mismo se mencione la posibilidad de recuperarlo «por necesidad propia, del cónyuge o de los hijos«.
Igualmente, si una vivienda en alquiler se pone en venta, se le darán efectos ante terceros a aquellos acuerdos sin inscribir. Concretamente, «el inquilino contará con protección aunque su contrato de alquiler no esté inscrito en el Registro de la Propiedad«.
¿Justificación? Abaratar los alquileres
«Nadie dijo que no sea necesario incrementar el parque residencial en alquiler«, matiza Luis Gualtieri. «Pero no a cualquier precio«.
«En ese sentido, echamos de menos algunos incentivos fiscales que motiven a poner viviendas en alquiler«, recalca el CEO de Oi Realtor. «Sin embargo, parece que el Gobierno prefiere sancionar antes que incentivar«. En relación a una de las nuevas y polémicas medidas: el gravamen sobre el IBI para las viviendas desocupadas.
Además de todos estos requerimientos, Carmen Calvo también ha explicado como podría ser la futura regulación de los alquileres. «Se creará un índice de precios de la vivienda a nivel nacional y se establecerá que los alquileres no puedan subir por encima del IPC«.
Una medida que se pondrá en marcha en un plazo aproximado de 8 meses. Y que se establecerá a nivel autonómico. «Cada comunidad podrá fijar su propio índice, pero ninguna región o ayuntamientos podrá establecer sistemas de regulación de precios«, señala Gualtieri.
Por último, el decreto ley de vivienda hace referencia al alzamiento judicial. «Aunque los desahucios se regularán a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil«, añade. «Nuevamente para proteger al arrendatario frente al arrendador«.
«El juez estará obligado a avisar a los servicios sociales, y de detectarse alguna situación de vulnerabilidad podrá detener el procedimiento durante tres meses«. Un mes más respecto a la situación actual. Mientras que si el proceso sigue adelante, deberá ser el juez quien informe del día y la hora del proceso de alzamiento.
