El tratamiento de la Nueva Ley de Vivienda en España se ha puesto nuevamente en el centro de la agenda. El Gobierno central comenzó a proyectar una normativa con la finalidad de concretar medidas que logren resolver el problema de habitacional que el país atraviesa desde hace décadas. Sin embargo, cada vez que llegan los avances sobre la normativa, las críticas a la nueva ley de vivienda no tardan en llegar.
Entre las regulaciones más polémicas se encuentra la que busca la bajada de los costes de arrendamiento y el aumento del IBI para las viviendas que se encuentran sin habitar. Ambas medidas han suscitado fuertes críticas de algunos ayuntamientos ante el argumento que el impuesto sobre los bienes inmuebles es de carácter exclusivo de su competencia. En esta línea, el aumento que propone la nueva normativa es del 150% del IBI y surge como parte del acuerdo establecido entre el PSOE y Unidas Podemos.
Lo particular del acuerdo es que desde el Gobierno afirman que las CCAA y los ayuntamientos podrán decidir de manera autónoma si llevar adelante la aplicación de dichas regulaciones en cada uno de sus territorios. Según Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, la nueva ley respetará cada una de las competencias de cada municipio o ayuntamiento.
En esta nota, te contamos las principales críticas a la nueva ley de vivienda, cuales son los ayuntamientos en disconformidad.
En este artículo encontrarás:
La nueva ley de viviendas y las críticas ante los nuevos anuncios
La alianza entre Unidas Podemos y el PSOE notificó que se llegó al acuerdo para aprobar la nueva ley de vivienda mediante sometimiento parlamentario. Si bien aún no se conoce el nombre exacto de la normativa ni su contenido definitivo, desde el Gobierno continúan sosteniendo que su finalidad será promover el acceso a la vivienda.
En consecuencia, y debido a la dirección en la que van determinadas medidas de la normativa, continúan surgiendo críticas de diferentes sectores. Al día de la fecha algunas de las medidas que fueron acordadas han sido anunciadas. No obstante, una de los reclamos que se le hacen al oficialismo por la nueva ley de vivienda tiene que ver con la falta de exactitud en relación a cada una de las reglamentaciones notificadas. En este sentido, sectores opositores afirman que se hace muy complejo poder analizar una norma que no es anunciada con precisión.
Entre las principales críticas a la nueva ley de vivienda se encuentran las planteadas por el Partido Popular, que ha expresando su descontento con respecto a la norma. Por lo tanto, el PP afirmó que no aplicará la norma en los ayuntamientos donde gobiernan. A esta línea argumentativa, se les suman a las críticas que apuntan al intervencionismo de la ley el CS y Vox.
De esta manera, la oposición política descree que la nueva normativa respetará las competencias de CC.AA y ayuntamientos en relación a la vivienda, como afirman desde el Gobierno.
¿Cuáles fueron los anuncios del Gobierno que despertaron la críticas?
El anuncio del último martes por parte del Gobierno central en relación a las medidas que incluirán la nueva ley de viviendas provocó nuevamente diversas reacciones. Algunas de ellas positivas y otras negativas.
Uno de los principales puntos tratados en el anuncio estatal estuvo relacionado a lo que la normativa considerará cómo grandes propietarios, zonas tensionadas y viviendas sin habitar.
Grandes propietarios
La futura normativa considerará como grandes propietarios a las personas (físicas o jurídicas) que tengan más de 10 viviendas a su nombre. De acuerdo a la nueva ley, estas viviendas se deberán someter a la regulación prevista por la legislación de los precios de arrendamiento. Este aspecto va a depender de la decisión de cada Comunidad autónoma o ayuntamiento de llevar adelante la aplicación de la ley.
Ante esta regulación, surge una de las primeras críticas a la nueva ley de vivienda ya que restringiría la libertad empresarial, causando un posible desinterés por parte de fondos de inversores en el sector.
Zonas tensionadas
Por otra parte, la regulación de los precios de los alquileres estará vinculado de manera directa a lo que la normativa interprete o defina a las “zonas tensionadas”. Sobre este punto la crítica radica en los límites de lo que implicaría la tensión ya que no está clara la forma en que se confeccionarán los índices que lo medirán.
Incentivos fiscales
Otro de los puntos controversiales de los anuncios que despertaron las críticas a la nueva ley de vivienda tiene que ver con los tipos de incentivos fiscales. Se especula que las deducciones irán destinadas a los pequeños propietarios si deciden reducir el precio de los alquileres Según lo anunciado, el incentivo fiscal será de casi un 90%. Sin embargo, no se expone con claridad cual será el precio establecido para poder ser beneficiario de tal reducción.
Aumento del IBI
El anuncio incluyó el aumento del 150% de IBI por aquellas viviendas deshabitadas. Las críticas se enfocan en la invasión en la competencia impositiva de las comunidades. A su vez, en la definición de lo que implica una vivienda sin uso y durante cuánto tiempo.
Destinar un porcentaje del las promociones al alquiler social
Sin embargo, la crítica madre se direcciona en relación a la invasión de la propiedad privada. Se trata de una de las medidas que obligará a las nuevas promociones destinar el 30% a viviendas protegidas y alquiler social.
¿Qué postura tomaron las distintas CCAA respecto de la Nueva Ley de Viviendas?
Como hemos mencionado, diferentes son las posturas en relación a la nueva ley de viviendas. Muchos sectores se posicionaron de manera crítica a la misma ya que argumentan que puede resultar una intervención negativa por parte del Gobierno. Expondremos de manera particular algunas de dichas posturas y las críticas a la nueva ley de vivienda en algunas CCAA.
Una de las críticas a la nueva ley de vivienda agrupa un gran consenso entre los partidos. La misma tiene que ver con que la ley atenta contra la propiedad privada. En consecuencia, entienden que una vez sancionada la ley los alquileres disminuirán provocando la subida de los precios de los arrendamientos. A su vez, algunas comunidades gobernadas por el propio PSOE entienden que la ley es de poca utilidad en zonas muy diferentes a las grandes ciudades.
Castilla-La Mancha
Una de las comunidades gobernadas por el PSOE ha manifestado que la utilidad de la nueva ley de vivienda es casi nula. En este sentido, desde la presidencia de la comunidad de Castilla- La Mancha expresaron su disconformidad con la normativa. Su argumento se basa en que la ley está pensada para las grandes localidades españolas y no para los pequeños poblados. Es por esto que su aplicación sería contraproducente para zonas como Castilla, en las cuales el coste del arrendamiento se encuentra por debajo de la media nacional.
Se está hablando de zonas muy tensas, de mucha contractura de vivienda. Pero a priori pareciera que está afectando o está dirigida a grandes núcleos urbanos que no están en la región. Aquí tenemos una realidad diferente».
Emiliano García Page-Presidente de Castilla-La Mancha
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Madrid
Por su parte, en la comunidad de Madrid se han pronunciado de manera firme y explicitaron que no aplicarán la regulación vinculada a al uso de las viviendas. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, declaró que no establecerá el aumento del IBI en un 150% para aquéllos pisos que no se encuentren habitados. Así como tampoco impondrán aquellas medidas destinadas a evitar los desahucios. En este sentido, si el gobierno central obligase a su aplicación, buscarán los medios necesarios para que no afecte a la ciudadanía madrileña.
Según los números del alcalde, el ayuntamiento de Madrid ha disminuido en 112 millones de euros el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Y que el próximo número ese número seguirá bajando. Por lo tanto, declaró que no recargarán el impuesto para quienes tengan viviendas vacías argumentando que se trata de una invasión a la propiedad privada.
Cataluña
El caso de Cataluña tiene que ver con disputas legales entre las disposiciones de la nueva normativa y la actual ley de vivienda de la comunidad catalana. Según las declaraciones de Violant Cervera, consejera de Derechos sociales del Generalitat, se recurrirá por este asunto al Tribunal Constitucional. La explicaciones brindadas explicitan que entienden que la ley invade las competencias de la comunidad. Es decir, que las medidas que integran la nueva legislación intervienen en la autonomía de la comunidad y, por lo tanto, son inconstitucionales.
La propia regulación de la comunidad de Cataluña se encuentra impugnada en la actualidad, por tanto la Generalitat intentará protegerla mediante el proceso de enmienda. Esto significa que recurrirá a una disposición adicional de la legislación que dé cuenta de manera concreta el respeto por parte de la norma estatal a las competencias autonómicas. En esta línea, desde el gobierno catalán entienden que la decisión de dicha disposición es solamente “voluntad política».
Hasta aquí la actualidad con respecto todo lo que sucede alrededor del debate por el proyecto de la nueva ley de viviendas. Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario. Desde Oi RealEstate te responderemos a la brevedad con la información actualizada.
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