El problema de la ocupación ilegal de viviendas sigue creciendo en España. Las demandas por okupación de viviendas han registrado un nuevo aumento durante el primer trimestre del año, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este fenómeno, que genera preocupación tanto entre propietarios como inversores, refleja una tendencia al alza que no se detiene y que está modificando el panorama del mercado inmobiliario.
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¿Cuántas demandas por okupación de viviendas se han registrado?
Durante los tres primeros meses del año, los juzgados españoles han recibido 592 demandas por okupación ilegal de viviendas, lo que supone un incremento del 5,2% interanual. En comparación con el último trimestre de 2024 (cuando se contabilizaron 527 demandas), también se observa un aumento significativo, alcanzando el nivel más alto desde la primavera del año anterior.
Este repunte confirma que la okupación de viviendas sigue siendo una de las problemáticas más persistentes del sector. Cataluña lidera la lista con 122 demandas, lo que representa el 20,6% del total nacional, seguida por Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72) y Madrid (66). En el análisis provincial, Barcelona encabeza el ranking con 85 demandas en apenas tres meses.
Las regiones más afectadas por la okupación ilegal
Si se ajustan los datos al número de habitantes, las comunidades más afectadas por la ocupación de viviendas no son necesariamente las más pobladas. Baleares presenta tres casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Castilla-La Mancha (2), Canarias (1,7) y nuevamente Cataluña (1,5). Esta comparación resalta la gravedad del problema en territorios donde la presión inmobiliaria y turística es más fuerte.
¿Qué muestran las estadísticas oficiales?
Además del CGPJ, el Ministerio del Interior también ha confirmado la tendencia. Según su Portal Estadístico de Criminalidad, durante el año pasado se registraron 16.426 denuncias por ocupación de inmuebles, frente a las 15.289 del año anterior. Esto implica un aumento del 7,4% interanual, situándose como la tercera cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.
La mayoría de estos casos corresponden a denuncias registradas por la Policía Nacional, Guardia Civil, y cuerpos policiales autonómicos y locales. Sin embargo, no incluyen los casos que se resuelven fuera del sistema judicial, como mediante acuerdos económicos o la intervención de empresas especializadas en desalojos.
Esto significa que la realidad puede ser aún más alarmante: se calcula que en España hay un promedio de 45 okupaciones ilegales diarias, con Cataluña y Barcelona como los principales focos del problema.
Inquiokupas: una modalidad cada vez más frecuente
Dentro del fenómeno de la ocupación ilegal, hay que distinguir la figura del inquiokupa: inquilinos que entran legalmente a la vivienda con contrato de alquiler, pero dejan de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada, convirtiéndose en ocupantes ilegales protegidos por vacíos legales. Esta práctica no se contabiliza dentro de las estadísticas oficiales, pero representa una creciente preocupación para los propietarios.
¿Por qué muchos casos no llegan a los tribunales?
A pesar del aumento de demandas por okupación de viviendas, muchos propietarios eligen no iniciar procedimientos judiciales por la lentitud del sistema. El plazo medio para obtener una sentencia que permita recuperar la propiedad supera los 24 meses, lo que empuja a muchos afectados a buscar alternativas más rápidas, como negociar directamente con los okupas o contratar servicios privados de desokupación.
El temor a una larga batalla legal, con costes económicos y emocionales elevados, hace que estas soluciones extrajudiciales sean cada vez más comunes, aunque no siempre estén reguladas de forma clara.
Desahucios: una tendencia diferente
Mientras las okupaciones ilegales aumentan, los desahucios presentan una ligera tendencia a la baja. En el primer trimestre del año se realizaron 7.334 lanzamientos, un 1,2% menos que en el mismo período de 2024. La mayoría de estos lanzamientos (el 77%) se originaron por impago del alquiler, según lo establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Cataluña, nuevamente, lidera la estadística con 2.069 desahucios, seguida por Andalucía (1.125), Comunidad Valenciana (794) y Madrid (702). En cuanto a los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, estos cayeron un 17,9%, mientras que los relacionados con la LAU crecieron un 3,7%.
¿Y qué pasa con las ejecuciones hipotecarias?
En contraste con los desahucios, las ejecuciones hipotecarias han vuelto a aumentar. En el primer trimestre de este año se registraron 6.120 casos, un 8,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Andalucía (1.463) encabeza la lista, seguida de Cataluña (1.226), Comunidad Valenciana (762) y Madrid (609).
Este dato revela una presión adicional sobre el mercado inmobiliario, donde cada vez más familias se ven obligadas a entregar sus viviendas por no poder afrontar sus hipotecas.
¿Qué implicaciones tiene para el mercado inmobiliario?
El aumento de las demandas por okupación de viviendas, junto con los datos de inseguridad jurídica y demora en los procesos judiciales, tiene un impacto directo en la confianza de los propietarios y los inversores. Muchos se lo piensan dos veces antes de alquilar sus propiedades o comprar inmuebles como inversión, por temor a no poder recuperarlos en caso de impago o ocupación.
Esto afecta directamente a la oferta de vivienda en alquiler, que ya se encuentra en niveles muy bajos en muchas ciudades, y contribuye al encarecimiento de los precios. Asimismo, genera incertidumbre en el mercado, frenando operaciones de compraventa y reduciendo la rotación de activos inmobiliarios.
¿Cómo protegerse ante una posible okupación?
Ante esta realidad, lo más recomendable es contar con asesoramiento legal e inmobiliario profesional. Existen fórmulas para reducir los riesgos, como seguros de impago de alquiler, contratos blindados legalmente, y mecanismos para verificar la solvencia del inquilino. También es clave estar bien informado sobre los derechos del propietario y los procedimientos disponibles ante una ocupación.
Además, si estás pensando en invertir en el sector inmobiliario, es fundamental analizar las zonas de mayor riesgo, conocer la normativa local y contar con una gestión experta que te ayude a minimizar cualquier posible conflicto.
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En un contexto donde las demandas por ocupación de viviendas no dejan de crecer, contar con una inmobiliaria de confianza puede marcar la diferencia. Ya sea que estés buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, o necesitas asesoramiento para invertir con seguridad, el equipo de Oi Real Estate está para ayudarte.
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