El Gobierno continúa el debate en torno a las Ley de Vivienda para dar respuestas a las diferentes dificultades habitacionales provocada por el Covid-19. Uno de los puntos centrales se trata de la prohibición en la privatización de la vivienda pública 2021 destinada al alquiler asequible.
Por un lado, busca proteger el paquete de viviendas que se encuentra en el parque público, y por el otro, buscar llevar la medida adelante sin perjudicar económicamente a las competencias en el mercado.
En el siguiente post te contamos todo acerca de cómo continúan los avances y discusiones en relación a la ley.
Prohibición de la privatización de vivienda publica 2021 para alquileres sociales
Los debates entre el PSOE y Podemos, en relación al derecho a la vivienda, sigue tensado entre el modo de aplicación de una regulación en el mercado del alquiler o el ofrecimiento de beneficios fiscales.
Por un lado, existe un acuerdo para tomar medidas respecto al recargo impositivo de viviendas que se encuentren vacías. Y por el otro, para el incremento del parque público para alquileres sociales.
En el segundo caso, para evitar una posible privatización a futuro, se está evaluando el modo en que se llevará acabo la regulación legal para prohibir la venta a privados. De esta manera, el Gobierno busca proteger la poca vivienda pública que se encuentra destinada a bajos costes de arrendamiento.
Además, la medida también impactaría en aquellas acciones destinadas a la amplificación del parque público. Nos referimos a planificaciones proyectadas o que ya se encuentran en dase de edificación.
Lo que se busca con la futura ley estatal del derecho a la vivienda, es que las comunidades autónomas y gobiernos locales no puedan vender las casas que se les fueron destinadas a vivienda pública 2021. Es decir, aquellas que son de su titularidad.
Aumentar el parque público y evitar la privatización
En la actualidad el parque público de viviendas para alquileres en España se aproxima a las 300.000 mil unidades. Tan solo un poco más del 1% en relación a las casi 26 millones de vivienda en España.
Según los último datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, más de 180 son propiedades de las comunidades autónomas y algunas entidades dependientes, y otras 100.000 de los ayuntamientos.
Si se compara con parques públicos foráneos, es necesario, como lo ha notado el Gobierno, aumentar la cantidad de propiedades disponibles al alquiler social en reemplazo de la construcción de VPO para la venta. Un cambio concreto después de priorizar la edificación de viviendas públicas para la compra luego de casi 40 años.
En Valencia se ofrecieron 29 parcelas de suelo para ser concursadas para el derecho a la superficie y para la construcción de viviendas públicas. Si quieres saber más acerca de esta medida valenciana te recomendamos leer la siguiente nota.
Por otra parte, otra estrategia pensada por el Ejecutivo para aumentar la cantidad de viviendas bajo régimen de alquiler asequible es ceder suelo público. Es decir, conceder la cesión de los mismos por un periodo de 75 años a capitales privados para la construcción y administración de los alquileres. Una vez pasado dicho tiempo, las viviendas pasarán a formar parte de las casas de propiedad estatal. En consecuencia, a engrosar el parque público de viviendas de España.
¿Cuáles son los proyectos de construcción a poner en marcha?
Como mencionamos, uno de los objetivos principales de la ley que establecerá la normativa en torno a la vivienda pública 2021 es evitar la privatización de las mismas. Es decir, busca una regulación que prohíba la compra de propiedades destinadas a alquileres asequibles por parte de las comunidades autónomas o gobiernos locales.
No se trata solo de la búsqueda un mecanismo que evite privatizaciones en construcciones ya en marcha, sino además que pueda prevenir la acción en aquellas viviendas que se van a comenzar a edificar a través de los diversos planes impulsados por el Gobierno central.
Acuerdo entre el gobierno y la Sareb: aumento de la vivienda pública 2021
Una de las medidas vinculadas a la emergencia habitacional que atraviesa el país debido a Covid-19 es el acuerdo con la Sareb para la concesión de viviendas.
De esta manera, el programa entre el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana y la Sareb está destinado a la posibilidad de arredramientos a bajo coste mediante la concesión de unas 10.000 viviendas destinadas al alquiler social. Es decir, de entre 150 y 350 euros.
Para más detalles puedes seguir leyendo sobre la medida en el siguiente post.
Plan Vive en la Comunidad de Madrid
De manera local, la Comunidad madrileña busca construir 25.000 viviendas públicas 2021-2029 destinas al alquiler social, mediante la concesión de 1,2 millones de m2 de suelo público.
De este modo, 6.650 viviendas serán las primeras construcciones que se ubicarán en las primeras 46 parcelas. Éstas serán edificadas repartidas en 14 municipio madrileños.
El sector poblacional al cual está destinado el proyecto lo integran jóvenes entre 25 y 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género. El objetivo es facilitar la emancipación económica y el ahorro que, según lo previsto, sería de 3.000 euros al año en el alquiler de vivienda.
Barcelona y el Banco Central de inversiones para la construcción de vivienda pública
Para seguir haciendo frente a la crisis habitacional en diferentes partes de España, el BEI financiará la construcción e 490 viviendas públicas en Barcelona. Se trata de una inversión de 36,2 millones de euros, que pueden ser ampliado a la suma de 65 millones en caso de ser necesario.
Como en los casos anteriores, la finalidad principal disponer de propiedades destinas al alquiler social para aquellos sectores sociales más desfavorecidos por la crisis que supuso el Covid-19. Gracias al proyecto entre el BEI y el Ayuntamiento catalán, el parque público actual de viviendas públicas podría aumentar en un 6%.
Desde que empezó la pandemia a causa del Covid-19, el Gobierno persigue el objetivo de resolver la emergencia habitacional mediante la ampliación del parque público de viviendas. De esta manera, continúa debatiendo la ley de derecho a la vivienda y, al mismo tiempo, llevando adelante medidas que permitan aumentar la cantidad de viviendas bajo régimen de alquiler social.
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