El fin de la moratoria antidesahucios marca un punto de inflexión en el mercado del alquiler en España. Tras varios años de medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia, el rechazo parlamentario a la prórroga incluida en el Real Decreto-ley 16/2025 pone fin a la suspensión automática de los desahucios por impago del alquiler en situaciones de vulnerabilidad.
Este cambio normativo tiene implicaciones directas tanto para los propietarios como para inversores y profesionales del sector inmobiliario. Entender qué ocurre a partir de ahora, qué derechos se recuperan y qué trámites pueden activarse es clave para tomar decisiones informadas y minimizar riesgos.
Por qué se produce el fin de la moratoria antidesahucios
La moratoria antidesahucios se implantó en 2020 como una medida extraordinaria para proteger a los hogares más vulnerables frente al impacto económico de la pandemia. Desde entonces, fue prorrogándose de forma sucesiva, ampliando su alcance y duración.
Sin embargo, en enero de 2026 el Congreso de los Diputados rechazó convalidar el decreto que pretendía extender nuevamente esta protección. Como consecuencia, decae la prórroga automática y deja de aplicarse el marco excepcional que suspendía los lanzamientos por impago del alquiler en determinados supuestos.
Este escenario devuelve protagonismo a la legislación ordinaria y a los procedimientos judiciales habituales, aunque con matices importantes que conviene conocer.
El levantamiento del desahucio no es inmediato
Uno de los errores más frecuentes es pensar que el fin de la moratoria implica una reanudación automática de los desahucios. En la práctica, no es así.
La Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, sigue estableciendo plazos de espera obligatorios antes de ejecutar un lanzamiento cuando se acredita una situación de vulnerabilidad:
- Dos meses si el propietario es una persona física.
- Cuatro meses si se trata de una persona jurídica o gran tenedor.
Durante este periodo, los Servicios Sociales deben intervenir para intentar ofrecer una alternativa habitacional. Solo si no se produce una solución dentro de ese plazo, el procedimiento puede continuar.
Qué supone el fin de la moratoria para los propietarios
Para muchos arrendadores, el fin de la moratoria antidesahucios supone recuperar una cierta seguridad jurídica tras años de incertidumbre. No obstante, el proceso sigue siendo complejo y requiere una gestión cuidadosa.
Entre las principales consecuencias destacan:
- Posibilidad de reactivar procedimientos de desahucio suspendidos.
- Opción de solicitar compensaciones económicas por las rentas no percibidas.
- Necesidad de revisar cada caso concreto para comprobar qué normativa resulta aplicable.
En este nuevo contexto, contar con asesoramiento profesional resulta fundamental para evitar errores de forma o de plazos.
Compensaciones por alquileres no cobrados: una vía clave tras el fin de la moratoria
Uno de los elementos más relevantes tras el fin de la moratoria antidesahucios es la activación del sistema de compensaciones económicas para los propietarios afectados.
Estas compensaciones buscan resarcir a quienes no pudieron percibir las rentas debido a la suspensión del lanzamiento decretada judicialmente por vulnerabilidad del inquilino.
Cómo se calcula la compensación
La cuantía se determina teniendo en cuenta:
- El valor medio del alquiler en la zona donde se ubica la vivienda, utilizando índices oficiales o referencias del mercado.
- La renta pactada en el contrato, que actúa como límite máximo si es inferior al precio medio.
- Los gastos asumidos por el propietario, siempre que contractualmente correspondieran al inquilino.
Es importante subrayar que no se trata de una indemnización automática ni universal: cada solicitud se analiza de forma individual.
Quién puede solicitar la compensación
No todos los propietarios pueden acceder a este mecanismo. Para hacerlo, deben cumplirse ciertos requisitos:
- Existencia de un auto judicial que haya suspendido el desahucio por vulnerabilidad económica.
- Que la suspensión se haya producido al amparo de la normativa excepcional recordada.
- Haber transcurrido al menos tres meses desde la suspensión, plazo durante el cual los Servicios Sociales debían actuar.
Incluso en los casos en los que el propietario ya haya recuperado la vivienda, es posible solicitar la compensación por el tiempo en que el procedimiento estuvo paralizado.
Plazos y forma de presentación
El plazo para solicitar la compensación finaliza el 2 de febrero de 2026, una fecha clave que los propietarios no deben pasar por alto.
La solicitud se presenta ante la comunidad autónoma correspondiente, generalmente a través de su sede electrónica, aunque en el caso de personas físicas suele admitirse también el registro presencial.
Cada comunidad puede establecer particularidades, por lo que es recomendable revisar los requisitos específicos o contar con apoyo especializado.
Documentación habitual requerida
Aunque puede variar según el territorio, lo más habitual es que se solicite:
- Formulario oficial de solicitud.
- Contrato de alquiler o documentación equivalente.
- Auto judicial de suspensión del lanzamiento.
- Justificantes de gastos asumidos por el propietario.
- Acreditación del periodo durante el cual no se percibieron rentas.
Preparar correctamente esta documentación es clave para evitar retrasos o denegaciones.
Desde una perspectiva más amplia, el fin de la moratoria antidesahucios tiene un impacto directo en el mercado del alquiler y en la inversión inmobiliaria.
Para algunos propietarios, supone una mayor confianza para volver a poner viviendas en alquiler. Para inversores, puede interpretarse como una señal de normalización progresiva del marco regulatorio, aunque persisten desafíos como la presión fiscal, la regulación de precios o la escasez de oferta.
En cualquier caso, el contexto actual exige análisis, planificación y una visión estratégica a medio y largo plazo.
La combinación de normativa estatal, autonómica y municipal hace que cada operación inmobiliaria tenga matices propios. Ya sea para alquilar, vender, comprar o invertir, anticiparse a los riesgos legales y económicos marca la diferencia.
En un entorno cambiante como el actual, apoyarse en profesionales con experiencia en el mercado inmobiliario español permite tomar decisiones más seguras y rentables.
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