El Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de la Generalitat parecen decididos a impulsar la vivienda social sea como sea. La nueva moratoria de las licencias de construcción y la línea de financiación del ICF coinciden con el aumento en la vivienda terminada. ¿Quedará Barcelona al margen de la recuperación?
La ciudad condal quiere obligar a los propietarios a destinar el 30% de la nueva vivienda a pisos sociales. Quedando únicamente exentos aquellos promotores que compraron solares entre enero de 2016 y la fecha de aprobación de la futura moratoria.
El próximo lunes día 19 de junio, el consistorio barcelonés decretará la suspensión de las licencias de obra nueva y los proyectos de rehabilitación que superen los 600 m2. Con esta medida arrancará una moratoria anual que puede llegar a extenderse durante dos años.
La medida, rechazada por la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE), puede tener consecuencias muy negativas para el sector. Precisamente ahora que se reactiva la construcción de viviendas, se encarece el suelo urbano y se disparan los costes por falta de mano de obra.
En linea con las políticas de vivienda pública, el Govern de la Generalitat ha presentado el primer gran acuerdo del ejecutivo catalán. Una línea de financiación con préstamos asequibles para que ayuntamientos y entidades sociales accedan a la compra de vivienda social. Una medida mucho menos coercitiva que busca impulsar un parque público. Dando libertad a los promotores de vivienda.
La vivienda libre terminada crece un 16,2%
Durante los tres primeros meses del año, el número de viviendas terminadas ha crecido un 16,2% respecto al año anterior.
Según la última ‘Estadística mensual de vivienda libre‘ del Ministerio de Fomento, entre enero y marzo de 2018 se han sumado 12.097 nuevas viviendas.
Una estadística que, en marzo, lideró la Comunidad de Madrid (1.428 viviendas). Por delante de Cataluña (785), Comunidad Valenciana (682) y Andalucía (528).
Por detrás de la región madrileña, Barcelona y Alicante son la segunda y tercera provincias más activas. Con 622 y 619 viviendas, respectivamente. Aunque una de ellas podría caer en los próximos meses si prospera la moratoria planteada para el próximo lunes.
Moratoria para nuevas licencias de construcción
Los inversores que adquieran fincas o solares en la ciudad de Barcelona tendrán que destinar el 30% de los inmuebles al parque público de vivienda. Esta medida, propuesta hace tres meses por diversas entidades como la PAH o el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, se incorporará a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) debatida el próximo lunes en la comisión de Urbanismo de Barcelona.
De aprobarse, el cambio se publicaría el martes y tendría efectos jurídicos inmediatos. Quedando únicamente eximidos aquellos promotores que compraron solares y fincas o iniciaron el proceso de adquisición entre enero de 2016 y el día de aprobación de la nueva normativa. El próximo 19 de junio.
En estos casos, tendrán de plazo un máximo de dos años para solicitar las licencias de construcción o rehabilitación. Argumento que ha servido al Ayuntamiento para defender la modificación de la normativa, garantizando la viabilidad de aquellas las operaciones ya proyectada. Para «no hacer perder dinero a nadie», defiende Janet Sanz desde el consistorio.
Mientras que se permite proyectar nuevas operaciones privadas. Siempre que se ofrezca una porcentaje de manera asequible. La teniente de alcalde de Urbanismo calcula que con esta iniciativa se podrían incorporar de 350 a 400 nuevas viviendas protegidas cada año. Aunque existen diversos casos que quedan excluidas de esta medida. Como las viviendas catalogadas patrimonialmente, los polígonos protegidos urbanísticamente y los espacios en proceso de transformación. Como la Marina del Prat Vermell o la zona de la Sagrera. Cuyos planes ya incorporan proyectos de viviendas protegidas.
¿Fomentar u obligar a crear vivienda social?
Opinión que no comparte la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE). Quienes alertan de los posibles efectos negativos de la moratoria sobre la economía barcelonesa. ‘El Ayuntamiento de Barcelona puede conseguir un efecto totalmente contrario al deseado, llegando a frenarse la actividad por la excesiva presión sobre los precio‘, advierten desde APCE. ‘Aumentando el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda‘.
Coincidiendo con la propuesta de Ada Colau en Barcelona, la Generalitat de Catalunya a presentado el primer gran acuerdo del Govern. Una línea de financiación destinada al alquiler social.
Se trata de una línea de préstamos asequibles para que ayuntamientos y entidades sociales accedan a la compra de viviendas. Con el objetivo de destinarlas al alquiler social.
Una operación del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que cuenta con 110 millones de euros para la compra y rehabilitación de viviendas. Con ellas se quiere facilitar la compra de 1.800 viviendas. Junto a esta línea de crédito existe otra de 140 millones de euros para la construcción de 1.000 viviendas nuevas.
Dos maneras de fomentar la vivienda social. Aunque una de ellas puede acabar ahuyentando a la necesaria iniciativa privada y haciendo caer las licencias de construcción.
